La Fiscalía General de la República (FGR) judicializó una carpeta de investigación contra María Amparo Casar, presidenta de Mexicanos contra la Corrupción, por su presunta participación en el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades, relacionado con una pensión vitalicia otorgada por Pemex tras la muerte de su esposo en 2004.
El caso volvió a cobrar fuerza luego de que Pemex acusara que la pensión representó un quebranto de más de 31 millones de pesos, producto de pagos mensuales cercanos a 125 mil pesos, a pesar de que el exfuncionario Carlos Fernando Márquez Padilla solo trabajó 129 días en la paraestatal.
La pensión que detonó el caso
Márquez Padilla ingresó a Pemex el 1 de junio de 2004, durante el sexenio de Vicente Fox, como coordinador ejecutivo. Falleció el 7 de octubre de ese mismo año, tras caer desde el piso 12 del edificio central de Pemex; peritajes oficiales determinaron que se trató de un suicidio.
Apenas 12 días después del fallecimiento, se solicitó el pago de la pensión posmortem con efectos retroactivos. Años después, Pemex detectó irregularidades y suspendió el pago en febrero de 2024, lo que dio origen a la investigación penal.
Delito, castigo y audiencia
De acuerdo con documentos del Poder Judicial de la Federación, la FGR solicitó audiencia inicial contra Casar y dos personas más por el delito previsto en el artículo 217 del Código Penal Federal, que castiga tanto a funcionarios como a particulares que obtengan beneficios económicos indebidos.
La pena por este delito puede alcanzar hasta 12 años de prisión, aunque no es considerado grave. La audiencia está programada para el 16 de diciembre, fecha en la que se presentará formalmente la imputación.
Amparo y pago reactivado
Tras la suspensión, María Amparo Casar promovió un juicio de amparo. Un juzgado federal ordenó a Pemex reintegrar el pago de la pensión, mientras se define el fondo del caso, lo que mantiene el conflicto abierto tanto en tribunales penales como laborales.
